Introducción
En el nororiente de Colombia, miles de campesinos y mineros se han movilizado para protestar contra un decreto estatal que podría restringir sus actividades agrícolas y mineras en los páramos, unos ecosistemas frágiles y vitales para la regulación hídrica. La disputa pone en tensión la protección ambiental frente a los medios de vida tradicionales de comunidades históricas.
Desarrollo
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Origen del conflicto
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El detonante fue el decreto 0044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece nuevas reservas de recursos naturales para proteger zonas como los páramos.
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Para los campesinos, estas reservas limitarían severamente su derecho a cultivar y vivir de la tierra, ya que muchos de ellos dependen de la agricultura de subsistencia en esos territorios.
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Además, la delimitación de los páramos ha sido un tema polémico durante años, especialmente en regiones como Santurbán y el Almorzadero, donde la definición precisa de los límites ha generado tensiones entre comunidades locales, pequeños mineros y entidades ambientales.
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Movilizaciones y protestas
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En octubre de 2024, campesinos y mineros bloquearon vías en varios departamentos (Santander, Norte de Santander, Boyacá, entre otros) para manifestar su rechazo al decreto.
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Las protestas han sido masivas, y los manifestantes aseguran que el nuevo plan ambiental no solo pone en peligro sus fuentes de ingreso, sino también su forma de vida tradicional.
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Según reportes oficiales, estas movilizaciones han llevado a la apertura de mesas de diálogo entre las comunidades paramunas y el gobierno para buscar soluciones consensuadas.
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Los argumentos del gobierno y su contraparte ambiental
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El Estado argumenta que la delimitación de páramos es esencial para conservar ecosistemas clave que regulan el agua, enfrían el clima local y protegen la biodiversidad.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha llamado a un diálogo más profundo y sostenible con los campesinos para evitar que las políticas de conservación se impongan sin tener en cuenta las realidades comunitarias.
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El presidente Gustavo Petro ha declarado que no apoyará desalojos arbitrarios siempre que las actividades campesinas sean de bajo impacto ambiental, reconociendo el derecho de quienes viven en los páramos bajo normas respetuosas.
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Consecuencias ecológicas y para las comunidades
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Los páramos están bajo amenaza por múltiples factores: cambio climático, expansión agrícola, minería y ganadería.
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Además, en 2024 se registraron incendios forestales que afectaron zonas altas y frágiles como los frailejones, lo cual compromete no solo la vegetación sino también la capacidad hídrica de esos ecosistemas.
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Para las comunidades campesinas, cualquier restricción demasiado estricta podría implicar pérdida de medios de subsistencia, desplazamiento y empobrecimiento.
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Conclusión
El conflicto por la delimitación de los páramos entre campesinos, mineros y el Estado es un claro ejemplo de la tensión entre conservación ecológica y justicia social. Aunque las políticas de protección son necesarias para preservar ecosistemas frágiles y esenciales para el agua, también es crucial que se reconozcan los derechos y necesidades de las comunidades que han habitado estos territorios por generaciones. El diálogo abierto, las soluciones participativas y el respeto por el uso tradicional pueden ser la clave para una coexistencia sostenible.
